La Fiscalía de Guatemala pidió una condena de 30 años de prisión para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), por presuntamente liderar una organización criminal que le hizo perder millones de dólares al Estado. La Fiscalía presentó sus argumentos en el juicio en contra de otros veintinueve exfuncionarios del gobierno que estaban acusados de participar en ‘La Línea’, nombre de la estructura que realizaba cobros ilegales a los importadores cuyas mercancías llegaban al puerto del país, a cambio de reducir los impuestos de las mismas.
El Ministerio Público pidió que Pérez Molina y Roxana Baldetti, su exvicepresidenta, pagaran una multa de 9,3 millones de dólares, y que fueran sentenciados a 30 años de prisión por asociación ilícita, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Leslie Rosales, la fiscal del caso, sustentó su caso con testimonios directos de testigos, así como llamadas telefónicas en las que se aseguraba que estos dos exfuncionarios estaban a la cabeza de la operación.
Por su parte, el expresidente ha manifestado públicamente que, de ser absuelto por la Fiscalía, tomará acciones legales en contra de los autores de la investigación. La investigación, que se conoció en 2015, destapó al menos otras siete organizaciones criminales que actuaban en diferentes entes del gobierno durante el periodo de administración del Partido Patriota, hoy extinto.
