Las alarmas entre los colectivos ambientalistas se volvieron a encender por el aumento de control de la industria minera en territorios indígenas y tierras protegidas de Bolivia y el impacto medioambiental que esto pueda generar. Las comunidades indígenas han comentado que ven amenazadas sus formas de vida y sus recursos por la inminente invasión minera.
A finales de octubre, el gobierno boliviano aprobó las demandas del gremio de minería aurífera en el que aprobaba el manejo de tres parques nacionales: Apolobamba, Cotopata y Madidi, sin embargo, por presión de la opinión pública esta decisión fue anulada. Ruth Alipaz, activista medioambiental, mencionó que el temor por una mayor invasión de la industria minera continúa creciendo pues podría obligar a las comunidades a irse de sus territorios y así mismo, afirmó que la agencia gubernamental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), “se ha convertido en un brazo operativo del extractivismo”.
Bolivia es reconocida internacionalmente por ser el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza de la misma forma en la que reconocen los derechos humanos dentro de la constitución, sin embargo, estas concesiones con la industria minera demuestran que estos compromisos sólo están en papel.
