Dos ambientalistas fueron asesinados a tiros a plena luz del día en Honduras. El terrible acontecimiento hizo que la mirada mediática volviera a centrarse en la persecución y la violencia que ha tenido que vivir una comunidad rural que está luchando para detener las operaciones de una mina que fue sancionada por operar ilegalmente.
Según reportes de las autoridades, los ciudadanos Aly Domínguez y Jairo Bonilla —pertenecientes a la comunidad de Guapinol, ubicada al norte del país— fueron asesinados por asaltantes armados la tarde del sábado cuando regresaban a su casa. A pesar de que la policía y los fiscales le adjudicaron, rápidamente, las muertes a un atraco fallido, las inconsistencias en el caso —como, por ejemplo, que los supuestos ladrones huyeran sin llevarse las pertenencias de las víctimas ni la moto en la que se movilizaban— llevaron a que organizaciones defensoras de los derechos humanos, la embajada de Estados Unidos y agencias de la ONU decidieran hacer esfuerzos para que se abrieran nuevas investigaciones.
Así, rechazando la hipótesis inicial —y señalando las continuas amenazas y hostigamientos a los que se enfrenta la comunidad—, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, hizo una petición formal para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos en los que resultaron asesinados los dos ambientalistas. Las víctimas fueron cofundadores de la resistencia popular de Guapinol, contra una mina de hierro propiedad de una de las parejas más poderosas del país y Domínguez estaba entre un grupo de 32 líderes comunitarios acusados falsamente de delitos por parte de la empresa minera, en equipo con las autoridades locales.
El caso Guapinol se deriva de una enorme mina a cielo abierto que fue autorizada dentro de un parque nacional protegido en un proceso caracterizado por presentar irregularidades legales. Como muestra de descontento, los miembros de la comunidad hicieron un campamento de protesta pacífica después de que se empezara a presentar contaminación en los ríos debido a la actividad minera, pero las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente el lugar, emitiendo múltiples órdenes de arresto contra los manifestantes. La criminalización de los activistas —y la posterior militarización de los espacios de la comunidad— obligó a varias personas a huir y buscar asilo fuera del país.
