Un gran número de seguidores de Jair Bolsonaro, expresidente ultraderechista de Brasil, invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, generando una jornada de caos. Su motor fue la exigencia de una intervención militar, acompañada de la renuncia al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, que fue elegido presidente en octubre y tomó posesión hace tan sólo una semana. Esta es la historia de una olla hirviente que lleva dos meses cerca de rebosar.
¿Cómo sucedió el asalto?
A pesar de que las acciones de descontento encontraron su punto más álgido con el asalto el domingo, desde que salieron a la luz los resultados de las elecciones los bolsonaristas fueron partícipes de bloqueos y manifestaciones que se extendieron por todo el país.
Aproximadamente de 4.000 seguidores del expresidente llegaron al Cuartel General del Ejército en Brasilia para iniciar su marcha hacia el Congreso. Acto seguido —embriagados de rabia y convencidos de que les robaron los comicios— se dispusieron a atravesar las barreras policiales, romper vidrios y dañar infraestructura con el objetivo de abrirse paso a las oficinas de la Presidencia, el poder Legislativo y el Judicial. A pesar de los estragos, la respuesta de las autoridades ante el asalto fue inmediata y, en consecuencia, a eso de las siete de la noche —hora local— la situación ya se encontraba prácticamente controlada, aunque todavía se reportan enfrentamientos entre civiles y oficiales cerca del lugar de los hechos, pues muchas de los protestantes se niegan a retirarse.
Según informes, algunos políticos del Partido Liberal —el mismo de Bolsonaro— también participaron directamente en los ataques a las sedes del poder en Brasilia. Entre los servidores identificados se encontraban presidentes de directorios municipales y Leo Índio, el sobrino del expresidente. Bela Megale, líder del partido en la Cámara, declaró que todos los afiliados que se demuestre que hayan participado en las manifestaciones serán expulsados.
Como respuesta al suceso —en el que se han detenido a 260 personas—, Lula da Silva decretó la intervención federal de Brasilia. En pocas palabras, la decisión implica que el área de seguridad pública de la capital quedará bajo supervisión del gobierno federal, por lo menos, hasta el 31 de enero.
