Crimen de Estado: panel independiente ratifica participación del ejército mexicano en el caso de los 43 de Ayotzinapa

Stencil del proyecto #RexisteMX para papel picado "Vivos los 43" #VivosLos43 #Ayotzinapa
Imagen: Rexistemx

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —un panel autónomo que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— entregó su sexto y último informe sobre la desaparición, tortura y asesinato de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, México, en septiembre de 2014. En su conclusión ratifican que las Fuerzas Armadas tuvieron una participación directa en este crimen de lesa humanidad y que actuaron en colusión con grupos de narcotraficantes.

El informe

El informe final del GIEI implica a las fuerzas de seguridad del país, especialmente al ejército, en el crimen. El GIEI reveló pruebas que muestran que autoridades del ejército, marina, inteligencia y policía sabían la ubicación de los estudiantes secuestrados, a pesar de negarlo. Se incluye un mapa detallado de movimientos militares en Iguala que contradice las declaraciones de los militares. También expone el amplio control que diversas autoridades tenían sobre los movimientos de los estudiantes antes, durante y después de los ataques. El informe arroja luz sobre la vigilancia que ejercía el Ejército sobre la red criminal en la región y resalta el involucramiento de la policía en el ataque contra los estudiantes. Además, destaca los diferentes niveles de participación y responsabilidad del Estado en el ataque a los 43 estudiantes.

Falta de cooperación

No obstante, la investigación enfrentó importantes obstáculos impuestos por el Estado. El GIEI recalcó las dificultades para acceder a información vital, ya que los organismos de seguridad de México se opusieron constantemente y engañaron a los investigadores. A pesar de la promesa del gobierno de investigar la desaparición, el GIEI se encontró con “falta de información”, “secretismo” y “pruebas ocultas”. El Ejército, en particular la Secretaría de Defensa, se mostró reacio a compartir datos cruciales, lo que obstaculizó el avance de la investigación. El GIEI también acusó a los militares de alterar sus testimonios y utilizar la tortura para obtener declaraciones falsas.

A pesar de las exigencias del GIEI para obtener información completa del centro de inteligencia, el Estado no ha cooperado plenamente, lo que ha suscitado preocupación por la evasión de responsabilidades gubernamentales y la posible implicación de las fuerzas de seguridad en la desaparición de los estudiantes. La persistencia de estos obstáculos ha frustrado los esfuerzos por descubrir la verdad y lograr justicia para las víctimas y sus familias.

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