Como es bien sabido, Bolsonaro impulsó una agenda agresivamente antiambientalista y pro agroindustria. Recortó el presupuesto de las agencias científicas y medioambientales, despidió expertos en el tema y erosionó los derechos de los indígenas sobre la tierra. El resultado fue una deforestación de 34 000 kilómetros2, el equivalente a toda el área del departamento de Nariño. Se esperaba que con la llegada de Lula a la presidencia se reversara la situación. Sin embargo, el Congreso está en manos de la derecha, y de políticos que comparten la visión de Bolsonaro frente al medio ambiente.
El legislativo aprobó recientemente un proyecto de ley que según la ministra, Marina Silva, “saquea” al Ministerio de Medio Ambiente. Muchas de las atribuciones de dicho ministerio relacionadas con gestión ambiental, gestión hídrica y catastro ambiental rural, entre otras, se trasladan a otros ministerios controlados por el partido União Brasil, de derecha.
Por otra parte, la Cámara también avanzó un proyecto de ley que anularía todos los reclamos de las comunidades indígenas sobre las tierras que habitaban cuando la constitución de 1988 entró en vigor.
La bancada ruralista se le plantó firmemente al gobierno de Lula y está por verse cuál será su capacidad de contener estas medidas y mantener sus promesas de campaña de protección del Amazonas.
