Tres días después del asalto al centro de poder de Brasil, por parte de manifestantes bolsoranistas, el presidente Lula da Silva señaló que sospecha que parte de la facilidad con la que entraron los extremistas se debe a la participación de partidarios incondicionales del expresidente Jair Bolsonaro que trabajan en el palacio presidencial. Por este motivo, el máximo líder político de Brasil aseguró que llevará a cabo una selección minuciosa de los empleados, acompañada de una serie de investigaciones con las que piensa corroborar su teoría.
Así las cosas, la Fiscalía solicitó la investigación de tres aliados de Bolsonaro en el Congreso por, presuntamente, incitar al histórico ataque. El llamado al procedimiento se produjo después de que el gobierno de Lula preparara fuertes medidas de seguridad con el objetivo de enfrentar posibles nuevas protestas. No obstante, a pesar de lo que se pensaba desde el establecimiento, no hubo nuevas manifestaciones por parte de la oposición, ni en el palacio presidencial ni en sus inmediaciones.
Hasta ahora, la Corte Suprema confirmó una orden de arresto contra Anderson Torres —exministro de justicia de Bolsonaro que supervisó la seguridad pública en Brasilia durante los sucesos del domingo—, por negligencia y connivencia. El tribunal también confirmó la destitución por 90 días de Ibaneis Rocha, exgobernador de Brasilia y exjefe de Torres.
