El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente que buscará ser reelecto en las elecciones de 2024 y, de ganar, permanecería en el poder hasta 2029. La decisión es preocupante porque profundiza la senda autoritaria que está transitando el país centroamericano especialmente porque la constitución prohíbe la reelección inmediata de quienes hayan ejercido el cargo por más de seis meses en el período inmediatamente anterior. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de septiembre de 2021, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que le permitiera a Nayib presentarse como candidato en las próximas elecciones. El argumento es muy particular porque dice que la participación del presidente como candidato en las elecciones no implica necesariamente que sea reelecto.
Vale la pena recordar que en mayo del año pasado la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, destituyó a los cinco jueces de la sala constitucional y los reemplazó con jueces favorables a su mandato. Bukele, aupado en índices de popularidad del 85% y con un discurso nacionalista, anunció que será el pueblo salvadoreño el que decida sobre su continuidad en el poder pese a que “más un país desarrollado no estará de acuerdo”. De esta forma, el popular presidente apalanca las críticas de la comunidad internacional para su beneficio y cultiva un discurso nacionalista y aislacionista que le conquista el favor de su pueblo y las recriminaciones de los países preocupados por un nuevo quiebre democrático en la región.
