Nayib Bukele anunció entre festejos la construcción de una nueva megaprisión en la que pretende recluir a todos los “miles de pandilleros” que todavía no ha arrestado. No obstante, lo que para el gobierno de El Salvador podría significar una victoria en términos de su gestión, se ha convertido en una señal de alerta para organismos internacionales de defensa de derechos humanos que llevan ya bastante tiempo preocupándose por la situación de los reos que cumplen su condena en las cárceles que ya existían.
Durante los cinco primeros meses de estado de excepción, el gobierno de El Salvador registró una ocupación del 287% en su sistema carcelario; en promedio 340 personas fueron enviadas diariamente a los centros penitenciarios del país. Según cifras de Human Rights Watch, entre marzo —el mes en el que inició la excepción— y agosto del año pasado el sistema penitenciario reportó más de 50.300 ingresos en las cárceles. La mayoría de los reos fueron enviados al centro penal La Esperanza, donde la población aumentó de 7600 a 33.000, y al penal de Izalco, que aumentó su número de reclusos de 8500 a 23.300.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es un complejo carcelario de grandes magnitudes que tiene la capacidad de albergar a 40.000 internos. Se ubica en el municipio de Tecoluca, completamente aparado de zonas urbanas y a 74 kilómetros de la capital. Es catalogada, según informes, como la cárcel más grande de América Latina. Según Osiris Luna, el director de Centros Penales, en dicha prisión se encarcelarán a los cabecillas de las pandillas y los jefes de las “clicas” junto a sus miembros y colaboradores. Varios organismos de derechos humanos han cuestionado la política penitenciaria señalando el potencial de violación a los derechos humanos y que, además de ser crueles e inhumanas, no resolverán ningún problema de seguridad a largo plazo. En palabras de Luna, quienes sean trasladados al CECOT no tendrán contacto alguno con el exterior y solo saldrán de las celdas para las audiencias con los tribunales de justicia que, además, se realizarán únicamente de manera virtual desde un salón.
Además de la preocupación por el anuncio del nuevo centro penitenciario, los ojos de los defensores de derechos humanos del mundo están puestos sobre la administración de Bukele debido a las recientes denuncias que realizaron, en conjunto, algunas de las familias de los reos del país. Según las declaraciones, el gobierno les está obligando a pagar por comida, ropa y elementos de primera necesidad para sus parientes arrestados en las cárceles; como si fuera poco, no les tienen permitido el ingreso de alimentos u otros elementos importantes para proporcionárselos. Los paquetes de alimentación e insumos básicos cuestan 170 dólares al mes.
