CIDH escucha caso “Beatriz contra El Salvador”, clave en tema de derechos reproductivos de las mujeres

Delmy, madre de Beatriz, interviene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de su hija contra El Salvador
Delmy, madre de Beatriz, comparece ante la CIDH por el caso de su hija. Fotografía: Mayela López/Reuters

La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tratar el caso “Beatriz contra El Salvador” en el que se cuestiona por primera vez la penalización absoluta del aborto. En la región, la legislación sobre el tema está polarizada. Hay países como Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y México (en algunos estados) en los que el aborto es legal. Del otro lado hay países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana en donde está totalmente prohibido. La decisión de la corte podría tener implicaciones sobre el estatus de la prohibición absoluta.

El caso: Beatriz era una mujer joven y pobre que había tenido un primer embarazo de alto riesgo debido a que padecía múltiples enfermedades como lupus, falla renal, y artritis, entre otras. En 2013, al quedar en embarazo nuevamente, el establecimiento médico salvadoreño recomendó que tuviera un aborto porque su vida estaba en riesgo por el embarazo. Adicionalmente, el feto sufría de anancefalia, una condición que impide el desarrollo del cráneo y el cerebro, y por lo tanto era un embarazo inviable. A pesar de haber solicitado que le interrumpieran el embarazo, el Estado la negó y Beatriz acudió a la CIDH. Por intervención de la Corte, finalmente el Estado accedió a practicarle una cesárea y el feto falleció a las pocas horas de nacer. Como consecuencia de haber permitido que el embarazo avanzara, la salud de Beatriz se deterioró en gran medida. Beatriz falleció cuatro años después por lesiones leves de un accidente de moto.

Desde 1998, el aborto es considerado un delito en El Salvador bajo cualquier circunstancia y acarrea penas de hasta 50 años de cárcel. Históricamente, la norma ha sido aplicada de forma severa y se han judicializado inclusive mujeres y niñas que han perdido sus embarazos por emergencias médicas involuntarias.

Relevancia: La clave del caso radica en que la CIDH decidirá sobre la convencionalidad de la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria de un embarazo y se espera que emita una decisión a finales de este año. Este control de convencionalidad se refiere a la obligación de los Estados a interpretar y aplicar sus normas internas de conformidad con las obligaciones que han asumido en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. En otras palabras, cuando la CIDH determina la convencionalidad de una norma, está evaluando si esa norma es compatible con las obligaciones que el Estado ha asumido en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento para los países que las suscribieron, como es el caso de El Salvador.

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