La situación jurídica de Pedro Castillo se agravó debido a la decisión del viernes pasado de aprobar el informe final de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra por presunta corrupción durante su Gobierno.
El informe propone que Castillo sea acusado de liderar una organización criminal para obtener beneficios ilícitos de licitaciones fraudulentas de obras públicas, así como de tráfico de influencias y colusión en contra de la administración pública. La aprobación de la denuncia permitirá que la Fiscalía acuse formalmente a Castillo ante el poder judicial peruano.
Además, el Congreso también recomendó que los exministros de Transportes y vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, sean también acusados por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la construcción de un puente y la compra de combustible para la empresa petrolera estatal Petroperú.
Relaciones Perú-Colombia
En la misma sesión, el Congreso peruano también aprobó una moción en la que declara a Gustavo Petro como persona no grata por haber comparado con “nazis” las acciones de la policía peruana en el manejo de las protestas en ese país.
En respuesta frente a esta decisión, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que dice que “toma nota” y que considera el hecho como un acto político que no afecta la histórica relación entre ambos países. Además, la Cancillería confía en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en Perú a través del diálogo social y reitera su solidaridad por los recientes hechos de violencia en ese país.
