La ONG española Safeguard Defender presentó un informe que muestra que el régimen chino ha montado centros policiales en al menos veintiún países del mundo. Según la ONG, estas oficinas tienen como objetivo oficial luchar contra el crimen internacional y la prestación de servicios administrativos como la renovación de las licencias de conducción chinas, entre otras cosas.
Sin embargo, también desarrollan operaciones dirigidas en contra de los disidentes políticos y opositores del régimen, quienes son presionados para que regresen a China. Estas personas son buscadas sin que haya pruebas claras de que han cometido crímenes y ejercen presión sobre ellos o sus familias como mecanismo para que regresen al país “voluntariamente”. Estas operaciones violan el debido proceso y afectan la soberanía de los países en las que operan porque evitan los procesos jurídicos de cada país y las reglas de cooperación judicial.
La mayoría de estos centros policiales están ubicados en Europa en países como Alemania, España, Francia, Grecia, Portugal, Reino Unido o Suecia. Sin embargo, hay oficinas en los cinco continentes. En las Américas hay oficinas en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador y Estados Unidos.
