El Senado chileno prorrogó el estado de excepción que está vigente desde mayo en dos regiones del sur del país. Con esto se pretende, según los altos mandatarios, mantener bajo control el epicentro del llamado “conflicto mapuche”, un problema en el que se encuentran involucradas comunidades indígenas, empresas forestales y el Estado mismo.
Dicha medida, aprobada por séptima vez consecutiva por el conflicto mapuche, fue aceptada con 41 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Después de la toma de decisión, el estado de emergencia va a regir durante otros 15 días en la región de La Araucanía y algunas partes del territorio del Biobío, dos zonas que llevan meses sufriendo de incendios, robos y tiroteos.
Aunque la herramienta constitucional permite el despliegue militar en los lugares como un apoyo de los carabineros para vigilar las principales carreteras y mantener el orden público, esta vez se le sumaron a los militares deberes para proteger la vida de las personas. Parte de la izquierda, toda la comunidad indígena y ciertos grupos activistas por los derechos humanos consideran que la militarización es una decisión peligrosa.
¿De qué se trata el conflicto? En la mayoría de las regiones de la zona sur de Chile existe, desde hace décadas, una disputa por territorio librada entre el Estado, la comunidad mapuche y empresas forestales que explotan las tierras consideradas ancestrales por los indígenas. El pueblo mapuche, siendo la etnia más grande del país, reclama el espacio que entiende como propio por haberlo habitado mucho antes de que fuera ocupado forzosamente a finales del siglo XIX, en un proceso denominado Pacificación de la Araucanía. Tanto el gobierno como las empresas se oponen a las peticiones de la comunidad indígena
