El parlamento de Indonesia transformó el código penal del país para prohibir las relaciones sexuales fuera del matrimonio y restringir la libertad de expresión, decisión que supone un revés dramático para las libertades en la tercera democracia más grande del mundo. Aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos, la legislación conmocionó no sólo a ciertos activistas por los derechos humanos sino también a la comunidad internacional y a gran parte del sector turístico local, que depende de un flujo particular de visitantes a sus islas para sostenerse, pues la ley aplicará también a turistas visitantes.
Maulana Yusran, subdirectora de la junta de la industria del turismo de Indonesia, califico al código de contraproducente, mientras que el embajador de Estados Unidos en ese país advirtió que la ley podría desalentar el interés comercial internacional. Antes de que se tomara la decisión, ya existía otro proyecto legislativo parecido que, a pesar de no haber visto la luz, mantuvo a la población protestando y en vilo un gran número de ocasiones.
¿Cuáles son las implicaciones del nuevo código penal?
El nuevo código penal de Indonesia marca el comienzo de una suerte de régimen legislativo en el que, además de prohibirse las relaciones sexuales fuera del matrimonio, junto a la convivencia de parejas no casadas —con penas de hasta un año de cárcel—, también se condena insultar al presidente, la blasfemia, expresar cualquier punto de vista que vaya en contra de la ideología estatal y manifestarse. Así las cosas, la principal preocupación por las leyes radica no sólo en que pueden constituir una afrenta para los derechos humanos de los habitantes, sino en que puedan usarse como un intento de controlar la moralidad en la nación con mayoría musulmana más grande del mundo, en donde se ha visto un aumento significativo del conservadurismo en los últimos años.
Preocupa, además, que algunos estatutos locales inspirados en la Sharia —ley islámica— se repliquen en otras áreas y terminen perjudicando más a las mujeres o a la comunidad LGBTTIQ+. Las nuevas leyes, que aplicarán tanto a los ciudadanos indonesios como a los extranjeros, no entrarán en vigor hasta dentro de tres años, mientras se redactan las directrices de aplicación.
