El sábado pasado, el gobierno iraní ejecutó a otras dos personas por hechos relacionados con las protestas que se originaron con la muerte de Masha Amini. De esta forma, ya son cuatro las personas ejecutadas por ahorcamiento —algunos realizados públicamente— y se teme que haya docenas más de personas que puedan correr la misma suerte.
De hecho, ante los rumores de la inminencia de la ejecución de otros dos jóvenes, se congregó una multitud de personas en las inmediaciones de la cárcel de Karaj, cerca de Teherán, en la cual se encuentran recluidos un joven de 20 años y otro de 19 que podrían ser los siguientes en recibir la pena capital. Se les acusa de participar en sendos ataques que resultaron en la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad del régimen. Los manifestantes buscaban impedir que se llevaran a cabo las ejecuciones.
Múltiples ciudadanos iraníes se han manifestado en contra de las ejecuciones, al igual que la comunidad internacional. Las críticas y los reclamos al gobierno iraní giran en torno a la celeridad con la que se acusan, juzgan y sentencian a las personas y al poco respeto por los derechos de las personas de defenderse. En los casos de las ejecuciones llevadas a cabo, los procesos han durado tan solo unos meses. Adicionalmente, las evidencias principales suelen ser confesiones obtenidas mediante tortura. El gobierno de Teherán ha rechazado las críticas y ha continuado con su política de mano dura. Además de la persecución contra los manifestantes, el aparato judicial está trabajando a toda marcha para producir condenas a personas comunes y corrientes tanto como a personajes con mayor reconocimiento. Por ejemplo, tres personas más ya recibieron sentencias de muerte preliminares. El futbolista Amir Nasr Azadani recibió una condena por 16 años (pese a que inicialmente se había sugerido que sería condenado a muerte). También, Faezeh Hashemi, hija del expresidente Akbar Hashemi, recibió una condena de cinco años por su participación en las protestas.
