Fotografía: Guadalupe Pardo / AP
Una nueva crisis política sacude al gobierno de Pedro Castillo, quien fue acusado de corrupción por Patricia Benavides, fiscal de la Nación Benavides presentó una acusación constitucional en contra del presidente por liderar una organización criminal en su gobierno. Concretamente, la fiscal señaló que se le acusa de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Las evidencias demostrarían que Castillo se habría beneficiado económicamente por nombramientos en distintos cargos del Estado y por el cobro de porcentajes por la adjudicación de licitaciones y contratos.
La figura utilizada por la fiscal Benavides, la acusación constitucional, ha generado polémica, lo cual agrava la crisis política y profundiza la polarización en el país andino. En principio, la acusación formal está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y allí deben decidir si le dan trámite. La polémica se debe a que el artículo 117 de la Constitución peruana estipula que un presidente en ejercicio sólo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones de cualquier tipo y disolver ilegalmente el Congreso. La acusación de la Fiscalía es por corrupción, por lo que quienes apoyan a Castillo señalan que el acto no tiene piso jurídico. Por su parte, la Fiscalía aduce que la demanda tiene sustento en el artículo 99 de la Constitución que faculta al Congreso para acusar a cualquier funcionario que cometa delitos mientras ocupen sus cargos. Adicionalmente, también se invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la cual suscribió Perú.
Los más escépticos dudan que el proceso resulte en la destitución de Castillo. Si la Subcomisión de Acusaciones admite el proceso, se adelantaría un juicio en el Congreso el cual requeriría del voto de dos terceras partes de los 130 miembros del Congreso para remover a Castillo de su cargo (el Congreso peruano es unicameral). En el año y tres meses que lleva en el poder, Castillo ya ha superado dos intentos de removerlo del cargo los cuales se quedaron cortos de lograr los votos necesarios. No obstante, la acusación agrava la crisis política peruana cuando apenas se acaba de cumplir el primero de los cinco años del mandato de Castillo.
