Cristina Fernández, actual vicepresidenta de Argentina, hizo un pronunciamiento de cierre en el juicio que se adelanta en su contra por cargos de corrupción ocurridos durante sus dos períodos en la presidencia, entre 2007 y 2015.
En su declaración, la cual dio por videoconferencia desde su oficina en el Senado, sostuvo su inocencia, llamó “pelotón de fusilamiento” al tribunal que la acusa y señaló que es víctima de una persecución por parte de la fiscalía. La idea del fusilamiento la reforzó con la mención que hizo al intento de homicidio en su contra del pasado mes de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle en la cabeza, pero el arma se engatilló y el disparo no salió.
La fiscalía la acusa de haber adjudicado de manera fraudulenta múltiples contratos de obras públicas. En particular, se refieren a contratos para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz, fortín político del kirchnerismo, los cuales habrían sido adjudicados de manera irregular. La mayoría de los contratos se le dieron a la empresa Austral Construcciones, de propiedad de Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner, fallecido en 2010. Báez era un empleado bancario que rápidamente después de crear su empresa de construcción se volvió multimillonario gracias a los más de cincuenta contratos que recibió del gobierno. Báez fue condenado en 2012 por lavado de dineros.
La fiscalía, que estimó el detrimento patrimonial para Argentina en cerca de 1000 millones de dólares, pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación a Fernández para ejercer cualquier cargo público. Por su fuero como vicepresidenta, Fernández no iría a la cárcel.
El proceso entró en su etapa final y la próxima semana deberá conocerse el veredicto.
