Juan Mambromata AFP
El fiscal Diego Luciani pidió doce años de cárcel para Cristina Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas maniobras de corrupción en obra pública durante su gobierno. La exmandataria se encuentra acusada de administración fraudulenta y, además, de haber encabezado una asociación ilícita para extraer fondos del Estado Nacional, junto a su marido Néstor Kirchner, expresidente fallecido en 2010, durante sus cargos desde el 2003 hasta el 2015.
En su alegato final, el fiscal aseguró que el acontecimiento fraudulento se trató de la maniobra más grande de corrupción en el país, pues llegó a perjudicar al estado por más de USD $1000 millones, suma que pidió fuera decomisada de los implicados en el caso de ser condenados. En el caso, en el que hay más de doce involucrados, también se investiga si hubo adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázare Báez —cuyo patrimonio creció un 12.000% entre 2004 y 2015— y también si existieron sobreprecios. Por su parte, Fernández rechazó todas las acusaciones, asegurando que está siendo víctima de una guerra jurídica injusta y sin fundamentos.
