Nueve estados con líderes republicanos piden ante un juez federal de Texas que bloquee en programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), a Estados Unidos. Este programa, que lleva rigiendo desde 2012, se enfoca en brindar protección temporal a 700.000 inmigrantes que llegaron al país durante la infancia —también llamados “dreamers”—, evitando deportación y otorgándoles permiso de empleo cuando cumplen con los requisitos.
En 2022, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. confirmó un fallo donde determina que el programa sí es ilegal y envió nuevamente el caso a la corte inferior para esclarecer la legalidad de esta regla. Esto fue meses después de que el presidente Joe Biden publicara una regla para “preservar y fortalecer” DACA, manteniendo la mayoría de criterios del programa.
El programa ya habría sido bloqueado por el mismo juez para nuevas aplicaciones, desde julio de 2021, pero dejaba abierta la posibilidad para que quienes ya estaban afiliados pudieran continuaran, mientras se litiga el caso. Y este martes en la mañana, los nueve estados involucrados que hicieron la petición, aseguraron que el tribunal debe declarar inconstitucional tanto el programa DACA, como el Memorándum de DACA. Además, lo clasificaron como sustancialmente ilegal, pidiendo que sea totalmente anulado y se prohíba permanente.
La responsabilidad sobre los jóvenes parece recaer sobre los congresistas, según defensores de inmigrantes y los funcionarios de la administración. Esto, en un país donde las cifras de menores que han llegado solos a la frontera ha sido de hasta 19.000 en un mes, reportados en marzo del 2021, algunos siendo niños de tan solo 3 años de edad.
