Después de prometer una “revisión profunda” de personal, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, destituyó a cuarenta militares que trabajaban en la residencia presidencial, tras señalarlos como sospechosos de permitir el ataque a las sedes del poder del país en Brasilia el 8 de enero. La medida —que no vino acompañada de mayor explicación— desvincula a militares de bajos cargos que pertenecían al Ejército, la Marina y la Aeronáutica.
Según informes de la jefatura del gabinete presidencial, Lula da Silva intentará reunirse a lo largo de esta semana con los comandantes de las Fuerzas Armadas para abordar la “modernización” y “modificación” de la instituciones. Este encuentro sería el primero que se da desde que el presidente acusó sectores policiales y militares de connivencia con los manifestantes que protagonizaron el asalto.
Por otra parte, el gobierno de Brasil también capturó a más de mil manifestantes bolsonaristas que piensa llevar a juicio acusándolos por la invasión del Palacio Presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. No obstante, a pesar de los esfuerzos y el avance de las investigaciones, es probable que el proceso legal pertinente para llevar a cabo todas las liberaciones o judicializaciones demore años, por lo que la espera para algunos de los sospechosos dentro de las cárceles dispuestas para encerrarlos en el país será larga.
