Estado de excepción en las cárceles de Ecuador luego de explosión de violencia

Fotografía: CNN

A menos de un mes de las elecciones en Ecuador el próximo 20 de agosto, Guillermo Lasso declaró estado de excepción por sesenta días en las cárceles del país, debido a “grave conmoción interna” en los centros penitenciarios. El anuncio se dio un día después de haber declarado estado de emergencia en las provincias de Los Ríos y Manavi, luego del asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta.

¿Qué está pasando en las cárceles?

El fenómeno que vemos hoy en día inició el lunes (24/07/2023) con huelgas de hambre por parte de las personas privadas de la libertad en trece centros penitenciarios del país. Además, al menos cien guardias fueron recluidos en cinco prisiones. Hasta la mañana de ayer, al interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, considerada una de las cárceles más peligrosas de Ecuador, se presentaron 72 horas de enfrentamientos con disparos y explosiones que resultaron en 31 muertos y once heridos.

Las manifestaciones son resultado de las malas condiciones en las que se encontrarían los presos, quienes exigen mejoras en alimentación y en las condiciones sanitarias de las cárceles, entre otras peticiones. Al respecto, tan solo en la penitenciaría del Litoral, el número de presos excede en un 32% la capacidad para la que está diseñado el centro, ya que debería albergar 9 500 personas, pero actualmente hay más de 12 500. 

Según otras fuentes, la razón de la huelga y los ataques sería que se supo que las autoridades planean trasladar masivamente a miembros de Los Lobos, una banda que opera principalmente desde el Centro de Privación de Libertad de Azuayque.

El estado de excepción 

El decreto suspende ciertos derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de reunión. Durante la declaratoria, las Fuerzas Armadas intervendrán temporalmente para controlar graves alteraciones del orden hasta garantizar la seguridad de reclusos, visitantes y personal. Con esto, se espera proteger a las personas privadas de la libertad y a los agentes penitenciarios, además de restaurar la normalidad en los centros de detención. 

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