Hace diez meses el gobierno de Nayib Bukele inició una emboscada —caracterizada por medidas restrictivas y un aumento significativo en las facultades de las fuerzas militares— contra las maras que, al día de hoy, ya sumó la más de 170 muertos en El Salvador. Según el propio Ministerio de Justicia y Seguridad, en el año 2022 murieron 92 pandilleros en presuntos enfrentamientos con la autoridad. A este número se suman otras 90 personas fallecidas en prisiones.
Al régimen de excepción —que ha sido prorrogado diez veces— se le ha adjudicado una reducción significativa de los homicidios. Según informes oficiales de la policía, El Salvador registró un total de 615 homicidios —una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes—, lo que se considera un récord histórico para la nación, que en el año 2015 reportaba una tasa de 105. Sin embargo, las medidas de excepción y el desplazamiento de las pandillas de los territorios, has sido una medida fuertemente criticadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzadas y los casos de tortura que se han denunciado en contra de las fuerzas armadas del país.
Otra crítica importante que se le ha realizado a la estrategia de Bukele tiene que ver con la falta de claridad con la que anuncian las cifras de los fallecidos y, adicionalmente, el gran número de muertes sin motivo bien especificado que se reportan. Se alega que el gobierno de El Salvador restó de los números oficiales del año pasado el fallecimiento de 92 presuntos pandilleros y tampoco quiso incluir las otras 90 defunciones ocurridas dentro de las cárceles, pues las declaró “muertes naturales”.
En contadas ocasiones, tanto el presidente como el Ministro de justicia han negado que las muertes producidas por enfrentamientos con el ejército y la policía tengan que ver con el uso desmedido de la fuerza. Según los altos mandatarios de El Salvador, en su país se está usando un protocolo de guerra con amplio respeto a los derechos humanos. No obstante, estas declaraciones han sido fuertemente controvertidas por organizaciones como Human Rights Watch, que acusan al establecimiento de abusos a gran escala en contra de las más de 60.000 personas que han sido retenidas desde que empezó el primer periodo de estado de excepción. La respuesta del oficialismo frente a los señalamientos ha sido decir que los organismos internacionales y los medios que los acusan de violar los derechos humanos son defensores de las pandillas.
