El primer ministro malayo, Ismail Sabri bin Yaakob, disolvió el parlamento y llamó a elecciones anticipadas para conjurar la crisis de legitimidad por la que atraviesa su gobierno. La crisis se agudizó por la situación económica del país que está sufriendo por la inflación y la desaceleración global. Pero los problemas políticos son de vieja data.
Ismail es miembro del partido Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO) que estuvo en el poder de forma continua por seis décadas hasta 2018. Entonces, fueron derrotados por la oposición en medio de un escándalo de corrupción de varios miles de millones de dólares que involucraba al entonces primer ministro Najib Razak. Najib fue condenado a prisión en 2020. Desde entonces no se ha resuelto la crisis política e Ismail es el tercer primer ministro en cuatro años.
El período de Ismail iba hasta octubre del 2023. Sin embargo, con la convocatoria a elecciones anticipadas el gobierno espera sacar ventaja de su percepción de condiciones favorables para renovar las mayorías de su partido. Por su parte, las voces críticas señalan que unas nuevas elecciones no resolverán la inestabilidad política que tienen que ver con el gran poder que concentra el primer ministro, incluyendo la designación del fiscal general, lo cual le confiere a la elección una lógica del todo o nada. Esta es una característica problemática en una democracia pluriétnica y plurireligiosa como la malaya: cerca del 70% de la población es bumiputra, principalmente islámica; 25% es china, principalmente budista y un 8% es india, principalmente hinduista. El resto pertenece a otras minorías étnicas.
La Comisión Electoral malaya debe fijar la nueva fecha de las elecciones, pero se espera que se realicen después de la época de los monzones, que usualmente ocurre a final de año, para evitar problemas logísticos que aumenten la abstención. Los monzones del año pasado produjeron inundaciones que le cobraron la vida a más de veinte personas.
