Ayer les contamos que la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, renunció por la presión de concejales y medios ante las denuncias de corrupción en la contratación de las concesiones para administrar cementerios distritales de Bogotá. Según dice, “no se dio cuenta” de las irregularidades contractuales. La denuncia formal, interpuesta desde el 20 de diciembre de 2022 por una concejal y luego revisada por dicho organismo, llevó a que el Concejo pidiera de manera unánime la renuncia.
Sergio Venegas le echó gasolina al fuego. El ex director comercial de Jardines de Luz y Paz dio su versión sobre la manera en la que políticos y empresarios se estarían robando casi 42 mil millones de pesos a través de una concesión que ejecuta su empresa, para la cual dice haber sobornado a la exdirectora con mil quinientos millones de pesos con tal de hacerse operadores de los 4 cementerios distritales; luego, en la misma entrevista, acusó a los operadores de estos recintos de negligencia en el cuidado de las instalaciones, profanación de tumbas y reventa de mausoleos, y a la Policía de cremar más de 300 personas desaparecidas en el paro utilizando los hornos de algunos cementerios de la ciudad que no tendrían control o registro alguno.
A eso hay que sumar 5 elementos de los que se enteraron los medios tras la polémica.
- Primero, la Personería suspendió a Íngrid Ramírez, la subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, al considerar que su continuidad en el cargo podría llevar a la continuación de omisiones que den lugar a más irregularidades.
- En segundo lugar está la versión de Dairo Mora, socio de la misma concesión en la que es inversionista Venegas. Dijo que tanto este último como la exdirectora de la UAESP mienten, pues según él ni hubo soborno que viniera de su parte ni ocurrieron las demás irregularidades en la operación que denuncia Venegas, pero tampoco es cierto, como dice Camacho, que sean criminales.
- Lo tercero que hay que agregar es la respuesta de la alcaldía. Claudia López nombró como director encargado de la UAESP a Javier Baquero, actual subsecretario de Planeación y Política, y dio una rueda de prensa en la cual se refirió a profundidad sobre las acusaciones sobre desaparición forzada. En ella negó rotundamente las denuncias partiendo del argumento de que, como consta en las relatorías nacionales e internacionales, así como en las de organizaciones independientes y entidades públicas, el paro de 2020 no dejó casos de desaparición pendientes de resolución en la capital. “Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”, dijo antes de anunciar que la alcaldía radicó ante la Fiscalía una denuncia en contra de Sergio Venegas que se suma a la ya interpuesta por la ex directora de la UAESP por fraude procesal y falsedad en documento.
- Lo que dice López es cierto. No obstante, este hilo de la experta en DD.HH. Silvia Serrano ayuda a entender por qué la reacción en defensa de la gestión de la alcaldía va en contravía de lo que recomienda el derecho internacional humanitario.
- Finalmente, una protesta de recicladores en Bogotá abrió una posible nueva rama de la crisis en la UAESP, pues denunciaron que además de los escándalos en torno a los cementerios, la entidad no ha pagado sus salarios hace 5 meses. La respuesta que da la institución es que esa organización de recicladores en particular no ha cumplido los requisitos de ley para entrar al listado de recicladores pagos por la alcaldía.
