En medio de las múltiples protestas que piden su renuncia, la presidenta Boluarte decretó el sábado un estado de emergencia por 30 días en las regiones peruanas de Lima, Cusco, Callao y Puno. Dicha medida le da potestad a los militares para intervenir en cuestiones de desobediencia civil, en compañía de la policía, para resguardar el orden público.
El estado de emergencia también suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y restringe las libertades de tránsito por el territorio nacional. Además, también se decretó la “inmovilización social obligatoria” en la región de Puno durante 10 días. Ello implica, en pocas palabras, que los habitantes de esa zona deberán quedarse confinados en sus casas entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana.
Hasta ahora, Dina Boluarte se ha mantenido firme en su decisión de no renunciar a la presidencia mientras condena a los manifestantes y los señala como extremistas que buscan generar caos motivados por intereses subalternos. Los enfrentamientos entre la sociedad civil y la fuerza pública han cobrado ya un total de 42 vidas.
