“Voy a salirme de la bonita presentación para decir algo que el país debe conocer: la realidad fiscal es una gran preocupación”. Así empezó Daniel Rojas, coordinador del empalme, la rueda de prensa general del informe final.
Más de 2000 personas participaron en el proceso del informe, que según expertos comentaristas provienen de grupos sociales más diversos, técnicos y multidisciplinarios que en cualquier otro proceso. Aunque el panorama no es alentador, el mensaje del gobierno entrante es insistente en que las medidas que se tomen para sobrellevar la crisis priorizarán la responsabilidad gubernamental con los sectores más vulnerables de la sociedad.
¿Qué tanto rasparon la olla los del gobierno pasado?
“No vamos gobernar con retrovisor”, dijo Rojas. Sin embargo, es difícil con una deuda incluso más grave de lo que se estimaba y procesos de contratación y asignación de cargos cuestionables. El déficit hace más urgente aumentar el recaudo a través de una reforma tributaria y reducir gastos sociales. Además, se supo que fondos como el de estabilización del precio de la gasolina estaban operando por fuera de la norma, sin respaldo financiero, y que los recursos de cooperación internacional para el desarrollo del catastro multipropósito no han sido ejecutados por falta de voluntad política, por lo cuál podría haber retaliación en la calificación crediticia del país.
Según el equipo de empalme se buscará detener la venta de Invercolsa y revertir la asignación de cargos de la junta directiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que quedó en manos de aliados del gobierno Duque. Lo más grave que señaló el equipo de gobierno entrante es que los procesos de contratación de áreas de grandes presupuestos, como la Unidad para la Gestión del Riesgo, mindeporte y mintic, tienen puntos que deben ser verificados por órganos de control con urgencia.
¿Qué sigue y qué no?
La ministra de Salud encargada explicó que se evaluaron las políticas del gobierno saliente creando un esquema de semaforización que destacara qué programas siguen, cuáles deben ser revisados y cuáles detenidos. A partir del 12:26 de este video se describen punto por punto esos diagnósticos. En general, la mayoría de programas que ven con buenos ojos tienen el problema de estar desfinanciados, incluyendo el de Ingreso Solidario, que es particularmente preocupante teniendo en cuenta la crisis alimentaria y económica. Las mayores diferencias están en la política agropecuaria, que en su mayoría resulta en una luz roja del gobierno teniendo en cuenta su intención de priorizar una reforma rural para dar cumplimiento al acuerdo de paz, buscar soberanía alimentaria y reducir la pobreza: las políticas vigentes priorizan la agroindustria y a grandes terratenientes y no subsidian a los productores de alimentos que compiten vía TLC con países que apoyan fuertemente el agro.
Tampoco se continuarán con los programas de economía naranja, el fracking, la erradicación forzada de cultivos y otros. Se revisarán las licencias de marihuana medicinal, para buscar que no se están priorizando los proyectos multinacionales, y los proyectos de navegabilidad del Magdalena y del Canal del Dique, para garantizar participación comunitaria.
