Todo lo que tiene que saber sobre el juicio político contra Guillermo Lasso

Fotografía: Twitter oficial de Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentará un juicio político luego de que la Corte Constitucional del país decidiera aceptar una petición para investigar varias denuncias en su contra por presunta malversación de fondos. En una sesión extraordinaria, los nueve magistrados del organismo analizaron la solicitud, que fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra.

Para que el juicio político impulsado en el Congreso resulte en la destitución de Lasso se necesitan, al menos, 92 de 137 votos. Según Lasso, los opositores no cuentan con los suficientes. Los plazos establecidos en la ley indican que entre la primera y segunda semana de mayo se deben llevar a cabo las sesiones de interpelación, defensa, debate y votación.

El exsecretario nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, junto a otros dos exfuncionarios de la administración Lasso son los primeros llamados a rendir testimonio por el juicio político. La Comisión de Fiscalización arrancará la fase de comparecencias hoy, 18 de abril. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, hizo la convocatoria después de que se cerrara la etapa de solicitudes de pruebas de cargo y descargo. El paso que sigue es que tanto los que proponen el juicio, como aquellos que lo quieren interpelar, argumenten su material probatorio.

Además de Verdesoto, deberán acudir Hugo Lozano, exgerente de Petroecuador entre agosto del 2022 y febrero del 2023; el periodista Andersson Boscán; y el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. La comparecencia de los nombrados con anterioridad fueron requeridas por los principales propulsores del juicio político. Entre las 11 pruebas documentales con las que cuentan, se encuentra el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker, en el que se presume la malversación de fondos por parte de Lasso.

Por su parte, Lasso requirió 35 testimonios y 37 pruebas documentales, en las que planteó que se extienda la investigación hasta cuando se firmó el contrato mencionado en el anterior Gobierno, a finales del año 2018. Adicionalmente, solicitó la comparecencia de 10 abogados y constitucionalistas.

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