Casi dos meses después del fallido intento de golpe del entonces presidente peruano, Pedro Castillo, el malestar social no amaina. Las protestas continúan en múltiples ciudades, principalmente en el sur del país y en Lima.
Las protestas han evidenciado la fractura entre Lima y las provincias y han avivado agravios históricos anclados en el clasismo y racismo con el que las élites limeñas han despreciado a cholos y serranos. Por ejemplo, en la década de 1940 se propusieron un par de proyectos de ley para emitir una especie de pasaporte que debían utilizar las personas de las provincias que quisieran visitar la capital.
En ese contexto, miles de campesinos e indígenas del sur del país se congregaron en Lima al final de la semana pasada, en una jornada que se denominó la “toma de Lima”. Las protestas terminaron con enfrentamientos con la policía, la cual ha mostrado sevicia en sus esfuerzos de control de masas disparando sus balas de goma directamente a los ojos y cabezas de los manifestantes. Hasta el momento, más de 55 personas han muerto en las protestas.
Este fin de semana, el Ministerio de Cultura cerró el acceso a las ruinas de Machu Picchu y el camino del Inca para “proteger a los turistas y la población en general”. Unas 400 personas quedaron atrapadas —300 de ellas extranjeras— en el sitio histórico, pero pudieron ser evacuadas en la tarde de ayer. El tren que llega hasta las ruinas está fuera de servicio desde la semana pasada por daños causados en las vías, presuntamente por los manifestantes.
En las protestas, las personas insisten en la renuncia de Boluarte, el cierre del congreso y el llamado a elecciones generales. Boluarte criticó a los manifestantes diciendo que sólo querían quebrar el estado de derecho y que no tenían ninguna agenda social.
