Corte Suprema mexicana suspende aplicación de polémica reforma electoral

Andrés Manuel López Obrador haciendo con su mano un gesto que significa "poquito", puño cerrado con pulgar e índice abiertos y en cercanía uno del otro.
Andrés Manuel muestra cómo quiere dejar la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Fotografía: Henry Romero/Reuters.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de México, suspendió la aplicación de la polémica reforma electoral aprobada por el congreso el mes pasado y admitió la demanda de constitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano independiente a cargo de los procesos electorales en dicho país.

La polémica reforma: AMLO tiene un historial largo de desconfianza con la organización electoral que se remonta a su derrota en la elección presidencial del 2006. La reforma recién aprobada ha sido duramente criticada por debilitar seriamente al INE por medio de un recorte significativo de su presupuesto, lo que implicaría la eliminación del 85% de la planta y, en consecuencia, una reducción sustantiva de su capacidad para organizar las elecciones.

La reforma se justifica en un supuesto ahorro de recursos para las arcas estatales, argumento particularmente débil. Sin embargo, es un argumento cuestionable y que ha sido usado por líderes autoritarios en el continente y es señal de alerta de un posible retroceso democrático.

Cerca de 500.000 personas salieron a protestar en contra de las reformas tras su aprobación en febrero pasado, en una de las manifestaciones más grandes en contra de la administración de López Obrador. El papel de la Corte: El INE presentó una demanda de constitucional en contra de la reforma y el viernes pasado la SCJN informó que había admitido la demanda y que se suspendía su aplicación. La Corte señaló que “concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.” El caso en particular es relevante porque se trata de “la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, puntualizó la Corte.

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