La posible reforma a la salud está desatando miedo y desinformación en la recta final hacia su trámite en el Congreso. Después de reunirse con la misión especial de recomendaciones de la misión OPS/OMS —que ha dado espaldarazos a la propuesta de gobierno desde el Foro Económico Mundial— y con los gobernadores de todos los departamentos del país, la ministra Carolina Corcho aseguró que el proyecto de ley será radicado el viernes ante el Congreso.
¿Qué dice la propuesta de gobierno?
La verdad es que no se sabe del todo. Han circulado supuestos borradores que el gobierno ha desmentido, y lo más probable es que reuniones como la que sostuvo Corcho con la OMS, o Petro con Uribe, estén suscitando cambios finales.
Pero lo que se entrevé en esas filtraciones, así como en las ponencias y entrevistas a la ministra Corcho —recomendamos esta — es que la reforma planteará al menos 5 cambios estructurales: el fin de las EPS, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y atención primaria, la creación de políticas para la transparencia, la mejora de condiciones laborales y la creación de una política promotora de investigación científica en salud.
¿Por qué quieren acabar las EPS?
Corcho ha sido desde hace muchos años la principal abanderada de quienes creen que deberían eliminarse los intermediarios entre prestadores y pacientes. Su propuesta no carece de un plan de transición —es de dos años —, ni plantea la eliminación de la figura de aseguramiento, ni que la administración de la salud sea municipal o departamental, como se ha dicho en redes.
La suya es una lectura que parte del diagnóstico que la Contraloría ha hecho desde hace poco menos de una década, de que la figura actual de la EPS es insostenible fiscalmente porque le está costando demasiado al Estado, puesto que hay muchas trabas para la transparencia administrativa y no hay suficientes controles a la integración vertical —las EPS crean IPS, como los operadores de hospitales, y se contratan a sí mismos en condiciones financiadas por el Estado, pero donde tiene poco control—. También cree que deben eliminarse por lo que ello implica para los usuarios —excesivos trámites y servicio limitado a ciertos hospitales, por ejemplo —, que se traduce en menor efectividad, y por ende mayores costos. Se cree que tras un periodo de transición, el gobierno buscará que esas EPS se transformen en “Redes integrales e integradas de Servicio de Salud”, una figura sobre la cual no hay detalles concretos aún. La ADRES —institución pública —sería el administrador único de los recursos —usted paga salud al Estado, y este gira directamente a hospitales —.
Principales detractores:
- Alejandro Gaviria ocupó la cartera de la Salud durante el gobierno Santos y desde su adherencia a la campaña presidencial de Petro advirtió distancia respecto a sus ambiciones en el tema. Hace unos días presentó una carta a puerta cerrada en el consejo de ministros de fin de mes, pero se filtró. Por ello sabemos que sus reservas se centran en que los problemas que Corcho atribuye a las EPS podrían ser agravados por su desaparición, pues no son atribuibles a ellas sino a la desigualdad regional y a la incapacidad administrativa del Estado, que de hecho han sido aliviadas gracias a la implementación del régimen vigente. Coincide con la opinión del también exministro de Salud, Fernando Ruiz.
- César Gaviria, que siendo presidente fue principal promotor de la ley 100 de 1993, que funciona como marco de la salud —su implementación real fue hecha por Uribe, quien también se pronunció —. Luego de reunión con el Partido Liberal, presentaron un documento con 17 propuestas de ajustes estructurales que, según ellos, no implicarían un retroceso que niegue los avances que la legislación actual ha supuesto. Coinciden con Corcho en la necesidad de frenar la integración vertical y mejorar mecanismos de control.
- Roy Barreras —que se formó como médico cirujano—cree innecesario que se eliminen las EPS, ya que para él implicaría la posibilidad de que se politice la salud, y contraproducente, pues asegura que estas cumplen funciones difíciles de suplir, entre ellas, la auditoría de millones de facturas mensuales. Lo que sí comparte es la necesidad de acabar la integración vertical. Pero rechazó la manera confrontacional en la que la ministra ha llevado el debate.
