Esta semana el rey de Arabia Saudita, Salmán Bin Abulaziz, sorprendió al mundo con el nombramiento del príncipe Mohammed Bin Salmán como primer ministro del país. La decisión —que supone una violación a la ley saudita— hace parte de una reorganización parcial del gobierno anunciada por decreto, y que se ha interpretado como un gesto para ratificar legalmente una función que el alto mandatario ya se encontraba ejerciendo hace años, pero sin ocupar el cargo formalmente.
A pesar de que esta anomalía jurídica fue tomada por muchos como un mero trámite formal sin el potencial de alterar el equilibrio de poder en el país, críticos del gobierno saudí denunciaron que la decisión de nombrar a Mohammed Bin Salamán como primer ministro llega en un momento oportuno para el príncipe. Una corte en EE. UU. le pidió al gobierno de Biden que se pronuncie sobre si Bin Salmán debería recibir inmunidad soberana en el caso que abrió en ese país la prometida del asesinado periodista Jamal Khashoggi. En EE. UU. ese tipo de inmunidad sólo se otorga a jefes de estado. Aunque el príncipe negó haber tenido participación en el caso, investigaciones de la inteligencia de EEUU señalan que es altamente probable que él hubiera dado la orden para que se cometiera el crimen.
