El gobierno nicaragüense liberó a 222 presos políticos, a quienes se les retiró la nacionalidad y fueron deportados a Estados Unidos. Entre los presos había un ciudadano estadounidense, liberado en un acuerdo directo con Washington, además de varios miembros de la oposición, empresarios, activistas estudiantiles y periodistas.
Los liberados fueron acusados, en un principio, por cometer actos en contra de la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; “por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. Además, habían sido declarados “traidores de la patria” y se encontraban inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida. En una sesión de emergencia frente a este caso, la asamblea Nacional Nicaragüense aprobó —por medio de una ley “exprés”— una reforma constitucional en la que le retiraba la nacionalidad a todos los declarados “traidores de la patria”. Actualmente, los expatriados se encuentran en Washington y el gobierno de EE. UU. está en proceso de concederles un permiso humanitario para permanecer dos años en el país.
La liberación habría sido una decisión unilateral del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Rosario Murillo, vicepresidenta del país, dijo que la expatriación fue por el “interés supremo” del país. Aunque Nicaragua parecen no haber hecho peticiones para la liberación, y esto tampoco sería parte de un acuerdo mayor, sí es una muestra de que régimen busca de retomar relaciones con EE. UU., según algunos funcionarios norteamericanos.
Anteriormente, Joe Biden habría impuesto sanciones a Nicaragua y al presidente Daniel Ortega por el régimen y los ataques a opositores, la iglesia y los medios de comunicación. A pesar de la incertidumbre sobre si Ortega permitirá elecciones, el gobierno de Washington cree que esto podría dar pie a una oportunidad para abrir un diálogo sobre los abusos de derechos humanos perpetrados por el país centroamericano.
