Este fin de semana sucedieron cinco hechos clave en la política colombiana:
- La Contraloría halló dos irregularidades este fin de semana. La primera se suma a la olla podrida que se ha venido destapando en torno a la Sociedad de Activos Especiales (SAE): encontraron 1,638 predios en extinción de dominio desde 2014 que la SAE no tenía dentro de su inventario y no estaría administrando porque las autoridades pertinentes no los habían entregado a la entidad. La segunda es sobre el gobierno pasado: en 2021 se habrían entregado más de 22 mil millones de pesos en subsidios por transferencias monetarias (Familias en acción, Ingreso solidario, devolución del IVA y Colombia Mayor) a personas que no eran elegibles.
- Hubo dos noticias judiciales en torno al ejército. Primero, un soldado de la vigésima brigada de la selva será investigado porque habría abusado de una menor en el Guaviare. Segundo, Jaime Andrés Calderón, un mayor del ejército fue capturado luego de ser sorprendido el viernes entregando dos fusiles a un civil en Bogotá. Ya les imputaron cargos a ambos.
- La JEP tomó dos decisiones importantes. Primero, negó en segunda instancia la petición de amnistía por terrorismo y tentativa de homicidio, y retiró la amnistía por porte de explosivos que ya le había dado a Yolanda Martínez Motta, exintegrante del Frente 33 de las FARC que puso una bomba en 2010 frente a Caracol Radio. Segundo, rechazó el sometimiento del Andrés Vélez, uno de los principales lavadores de dinero de las AUC.
- Como les contamos la semana pasada, el Ministerio del Trabajo está preparando el proyecto de reforma laboral que presentarán en 2023. Petro afirmó este sábado que con esa reforma buscarán, entre otras cosas, la igualdad salarial entre géneros y acabar con la figura del contrato por prestación de servicios, pues las consideran causas fundamentales de la desigualdad. Les dejamos un artículo con pros y contras que tendría eliminar ese tipo de contratación.
