Noticias destacadas de la política colombiana del 15 de noviembre

Senadora Aida Quilcué. Fotografía: El País.

Hoy resaltamos cuatro noticias de la política nacional:

  • 33 militares serán investigados por la JEP a propósito del “falso positivo” en contra de Edwin Legarda, esposo de la senadora indígena Aída Quilcué. Los hechos sucedieron en Totoró, Cauca, el 16 de diciembre de 2008, cuando Legarda, líder indígena del “Resguardo Pickwe Tha Fxiw, semillas de Juan Tama”, volvía de una visita a Popayán y recibió tres tiros que habrían sido propiciados por la Compañía Galeón Número 7, adscrita al Batallón De Infantería José Hilario López. Quilcué fue noticia hace unas semanas luego de ser objeto de un atentado cuando se trasladaba al resguardo.
  • Fue publicado el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El bosquejo presenta, entre otros detalles de sus bases, el plan de inversiones públicas de $1.048,2 billones de pesos en 4 años, y los insumos de 31 Diálogos regionales vinculantes que ya han tenido lugar. Los recursos de inversión están distribuídos en cinco grupos temáticos de actividades, que incluyen reducción de brechas sociales, seguridad humana y justicia, transformación del ordenamiento para garantizar justicia ambiental, acción climática y seguridad alimentaria.
  • La Fiscalía dio un nuevo anuncio respecto al caso Odebrecht. Hace unas semanas nos habíamos quedado en un avance polémico: una filtración masiva de correos dejó ver que el ante negoció con altos cargos del caso de corrupción en megaobras para hacer un intercambio de información por beneficios jurídicos. Pero ahora, imputarán a 10 de los ejecutivos brasileños, algunos de los cuales ya habían colaborado con la justicia. Entre ellos, han resaltado tres acusaciones: las que imputan a Amilton Hideaki y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, que gozaban de protección especial como testigos clave; y la que convierte en parte del entramado criminal a Daniel Ricardo Hernández, fiscal que llevaba el caso hace 5 años.
  • El empresario Carlos Mattos fue condenado a 9 años de prisión inicialmente por el soborno a un juez. La semana pasada pidió la reprogramación de su segunda audiencia de condena debido a quebrantes de salud, pero ahora tuvo lugar ese proceso judicial y se le condenó adicionalmente a 5 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de 701 salarios mínimos adicionales por sobornos que lo favorecían en su disputa con Hyundai Corea. Apelará ambas decisiones.

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