- Pareciera que tenemos el disco rayado, pero nuevamente la Fiscalía insistió ante un tribunal penal de conocimiento de Bogotá que se precluya el proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Esta vez se apoyan en que, según ellos, una de las pruebas clave presentadas por Juan Guillermo Monsalve, estaría editada, y que supuestamente no hay vinculación verificable entre Uribe y quienes adelantaron la manipulación denunciada.
- Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM afirmó que Hidroituango comenzará operaciones antes del 30 de noviembre para prevenir sanciones e incumplimiento de contratos. Sin embargo, el sindicato de EPM y UNE emitió un pronunciamiento en el que alerta sobre la falta de claridad del cronograma. También advierten que, si no se activan tres o cuatro turbinas en 2023, se podría producir una crisis energética por el fenómeno del niño que se prevé para 2023 o 2024.
- Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), señaló que, según un informe de la Contraloría, hay un descuadre de al menos 5.000 bienes en el inventario de la entidad entre lo que recibe el Estado por extinciones de dominio y los activos de los que realmente existen y de que se conoce paradero. Su antecesor, Andrés Ávila, detalló y confirmó el problema de cuentas, además de aclarar que ya se hizo un proceso de verificación que duró cuatro años y que por ende hay mayores garantías al menos en lo concerniente a lo incautado en 2014. Ávila cree que buena parte del desajuste puede provenir de dos vías: que la SAE no tenía los insumos necesarios para controlar todo lo incautado cuando inició o que no necesariamente todos los bienes inventariados están en manos de la entidad, pues otros órganos judiciales llevan su propio control. Gustavo Petro pidió a la Fiscalía revisar las cuentas.
- Luis Gilberto Murillo, embajador ante EE.UU., reveló que ya se han dado conversaciones con el gobierno estadounidense para realizar la solicitud formal de que se elimine el requisito de visa a colombianos.
- Roy Barreras le pegó a dos de sus tres pronósticos para la sesión del Congreso de ayer: se aprobó finalmente la ratificación del Acuerdo Escazú y la Ley de Orden Público y sometimiento que servirá de marco para la “paz total” quedó a un debate de aprobarse. El descache de la predicción fue en la Reforma Política, que él esperaba dejar al menos del otro lado de su primer debate, pero no fue posible ya que son muchas las proposiciones similares al texto presentado por la bancada de Gobierno.
- Les dejamos un artículo con la opinión de expertos sobre la ratificación de Escazú y otro con la explicación de los compromisos que adquiere el gobierno y cómo cumplirlos.
- La Corte Constitucional falló a favor de los derechos laborales de los militares al determinar que el Ejército ya no podrá desvincularlos a raíz de diagnósticos de pérdida de fuerza laboral menor al 50% del total. Deberán priorizar siempre su reubicación.
- Laude José Fernández, ex jefe de contrainteligencia del DAS, deberá pagar 80 salarios mínimos, 4 años y un mes de cárcel por chuzadas a miembros del sindicato de Avianca para favorecer a Avianca y al Grupo de Energía de Bogotá con la “inteligencia corporativa” que contrataron con el Berkeley Research Group, que el ya mencionado representaba a nivel nacional. La condena resulta de un preacuerdo en el que Fernández aceptó su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, se abrirán otros casos contra él, pues el mismo juez compulsó copias para investigar si cometió actos similares contra funcionarios públicos o periodistas.
