- Emilio Tapia, el cuestionado contratista condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y actualmente en prisión por el robo de los recursos de Centros Poblados, ahora fue imputado por la Fiscalía por corrupción en el caso del escándalo por corrupción de Empresas Municipales de Cali (Emcali). En compañía de otras tres personas, Tapia presentó documentos falsos para participar en dos licitaciones de una planta de tratamiento de agua que sumaban más de 6 mil millones de pesos.
- La ministra de energía, Irene Vélez y las empresas del sector energético anunciaron ayer que participarán en el Pacto por la Justicia Tarifaria, un proyecto para aliviar los precios de la energía en el país. Así, las tarifas del servicio se reducirán entre un 4 y un 8% a partir de noviembre próximo. El costo de la energía en el país ha aumentado en promedio un 26%, pero en la costa Caribe, el aumento ha sido del 45%. Para reducir las tarifas se van a tomar al menos dos grandes medidas:
- Renegociar los contratos entre las empresas generadoras y las comercializadoras
- Se va a cambiar el indexador de las tarifas por uno que esté por debajo del Índice de Precios al Consumidor.
- La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al exsenador conservador David Barguil por tráfico de influencias en Sucre. En 2017, Barguil habría hecho lobby en el Departamento de Prosperidad Social para obtener recursos para financiar unas obras en el municipio de Galeras, Sucre. Sin embargo, Barguil habría presionado al alcalde para que contratara al consorcio Galeras 2018, empresa que le habría dado recursos del contrato para financiar su campaña al senado en 2018.
- Mauricio Lizano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) anunció que se está haciendo efectiva la promesa de campaña y de los primeros días de gobierno, según la cual se reducirían radicalmente el número de oficinas de consejerías anexas como medida de austeridad. Se pasará de 13 consejerías en el gobierno Duque a 4, que contarán con menos personal y en al menos dos casos podrían adquirir carácter temporal. Hay otros cambios en el funcionamiento estructural de la presidencia; sumados significarán un ahorro de cerca de $23.000 millones de pesos sólo durante los dos meses que quedan de 2022 y $83.000 en 2023.
- La Fiscalía llamó a juicio a los generales de la policía Oscar Peláez Carmona y Argemiro Serna por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Se les acusa de haber entorpecido las labores del esquema de seguridad de Galán, por lo que se les considera coautores del homicidio.
- Álvaro Leyva y una comitiva de representantes de Colombia ante la ONU presentaron, por primera vez en la ONU, un informe de paz en el gobierno Petro. El escenario fue la asamblea del Consejo de Seguridad, cuyos miembros escucharon los diagnósticos y planes del proyecto de la “paz total”. Después, aplaudieron el esfuerzo reportado, dieron un espaldarazo a la iniciativa descrita y se mostraron optimistas respecto a la reforma rural, en especial en lo concerniente a la estrategia de titulación y compra masiva de tierras de ganaderos para titulación y adjudicación a campesinos.
- Es fundamental recordar que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien se reunió con Leyva, ya había señalado en el informe trimestral de la ONU que Colombia debe asegurar los recursos de su presupuesto para el 2023, pues será clave para que realizar esos planes íntegramente sea viable.
- Hubo protestas por parte de los moteros en Bogotá. Dicen que necesitan claridad y ajustes al esquema de costos que tienen sus actividades económicas, con decisiones tomadas y cifras, pues Petro prometió que se tomarían acciones para mitigar el impacto del aumento de la gasolina sobre los ingresos de poblaciones afectadas como ellos. Al final del día, el ministro de Transporte salió de una reunión con líderes de la movilización reportando que ya hay algunos acuerdos en común y que buscan concretar detalles pronto para poder hacer un anuncio.
- La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al teniente Víctor Flechas, comandante del CAI de Kennedy por estar presuntamente vinculado con el Tren de Aragua, la banda criminal que ha ganado notoriedad por el asesinato y descuartizamiento de cuerpos en la ciudad. Flechas sería cómplice de asesinatos y extorsiones.
