- Carlos Hernán Rodríguez se convirtió en el nuevo contralor general luego de una batalla y polémica fuertes en torno a la bancada de gobierno. Hubo serios cuestionamientos a la posibilidad de que la bancada de gobierno pudiese elegir a María Fernanda Rangel, candidata cercana a la política tradicional, para el puesto; pero un día antes de que se votara, un guiño de Gustavo Petro transformó el panorama y todos, incluyendo al uribismo, terminaron apoyando a su candidato. Ahora, hay preguntas porque Petro y su círculo cercano han sido muy insistentes en lo problemático de ese proceso de selección, que favorece la posibilidad de que el gobierno tenga “contralor de bolsillo”.
- Rodríguez quedará a cargo de la máxima oficina de control fiscal reemplazando a Carlos Felipe Córdoba, y lo curioso es que ya una vez lo sucedió en otro cargo, el de auditor general. Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali y especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Ha sido concejal, miembro de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y contralor general de dicho departamento, sin contar que ha sido miembro del equipo de la Defensoría del Pueblo y protagonista en el caso del Estado versus la EPS Caprecom.
- La vicepresidenta Francia Márquez empezó a recibir disculpas públicas de algunas de las figuras prominentes de la oposición a su gobierno: la conciliación para la cuál fueron citados personajes como Miguel Polo Polo, Marbelle, Julián Quintana, Papo Amín y otros por los casos de difamación o ataques racistas durante la campaña presidencial derivaron en la decisión de que ellos debían retractarse y pedir disculpas públicamente. Hasta el momento, la reina de la tecnocarrilera se disculpó por racista y por señalarla de tener vínculos con el Eln; por esto último, el concejal Papo Amín y el congresista Gabriel Vallejo pidieron perdón también.
- El ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, busca tumbar su condena por parapolítica con una tutela. Su defensa argumenta vacíos e irregularidades en el proceso, en especial en torno a la selección de pruebas en su contra, que habrían sido de contexto y no evidencias capaces de demostrar responsabilidad penal individual en un concierto para delinquir.
