- Piedad Córdoba incumplió por quinta vez la citación para declarar ante la JEP por el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Como en los casos anteriores y respecto a las sesiones del Congreso, Córdoba no ha asistido por incapacidad médica (que ha sido extendida varias veces) debido a una esteatorrea pancreática. Está vinculada al caso Gómez Hurtado porque aseguró tener información sobre el plan que implementaron las extintas Farc para asesinarlo, que es la versión que sostiene el otrora secretariado guerrillero en cabeza de Julián Gallo. Vale la pena recordar que la familia del excongresista duda de la JEP y de la plausibilidad de esa versión, y consideran que podría estar manipulada para encubrir cómplices políticos.
- La Procuraduría alertó sobre presuntas irregularidades en contratos del Ministerio de Ciencia que suman más de $240 millones de pesos provenientes de regalías. Al parecer, la administración pasada sólo habría ejecutado los presupuestos de 14 de 55 proyectos de laboratorios regionales especializados en la atención al Covid-19.
- El coronel Benjamín Núñez, acusado por sus propios compañeros y subalternos de torturar y asesinar a tres jóvenes en Chochó, Sucre, fue enviado por un juez de garantías a la cárcel La Picota como medida cautelar, negando así la solicitud de su defensa de que le fuera asignada una reclusión militar mientras se da una sentencia.
- Doce policías y cuatro civiles, incluyendo a Andrés Escobar, irán a juicio el 25 de enero de 2023 por disparar contra manifestantes del paro nacional de 2021 en Cali. Destaca que entre los policías hay tanto uniformados rasos acusados de tortura agravada y privación injusta de la libertad como oficiales imputados por prevaricato por omisión (es decir, por permitir que, en general, los hechos sucedieran).
- El Ministerio de Salud pidió a la Corte Constitucional rechazar la demanda de inconstitucionalidad contra el fallo que en febrero despenalizó el aborto en Colombia.
