- Una extraña carta entusiasmó notablemente al equipo del gobierno entrante. El documento está a nombre de varias organizaciones criminales: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo); Bloque Virgilio Peralta Arenas (Los Caparrapos); Grupo Los Rastrojos; Grupo Los Shottas de Buenaventura; Grupo la Inmaculada de Tuluá; y Grupos Mexicanos de Quibdó. En él se propone un cese al fuego y se declara interés en aportar a la construcción de una “paz total e integral” a través de una eventual desmovilización, seguida de una petición de perdón al país, un compromiso de no repetición y un proceso de reparación para contar la verdad sobre sus acciones en el conflicto armado al país a cambio de la revisión de las políticas de extradición. Todo esto en el contexto de un escalamiento de la violencia por el Plan Pistola del Clan del Golfo,que ayer cobró nuevas víctimas.
Horas después de que el canciller designado Álvaro Leyva dijera que el gobierno Petro busca la paz total, y que por tanto veía con buenos ojos la propuesta, el panorama se hizo más confuso: surgió un panfleto firmado por algunos de los cabecillas del Clan del Golfo que busca desmentir el primer comunicado. En él se dice que comparten el espíritu de la carta y coinciden en la necesidad de negociar para la paz, pero que no consideran buena idea afirmar esos compromisos a la ligera.
- Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, obtuvo el fuero constitucional de senador. Ello obliga a que las múltiples investigaciones en su contra pasen de estar en manos de la Fiscalía a ser responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, que estudiará si le compete o si a su vez debe trasladarlo a juzgados de Bucaramanga. Ello implica que los procesos se alargarán, e incluso podrían empezar de cero.
- María Alejandra Urrutia, quien fue la secretaria privada de Luis Alberto Rodríguez en el DNP y se convirtió en el puente de la dirección general con el Congreso, podría ser la pieza clave en la investigación por el presunto robo de dineros de la paz. Según un nuevo avance en la investigación periodística, luego de salir de su puesto como secretaria en DNP, Urrutia se hizo contratista de la entidad, y desde allí concretó contratos con terceros que suman casi 500 millones de pesos. Todos los involucrados son cercanos a Urrutia y son figuras prominentes del partido Conservador: entre ellos están el actual ministro del Interior y el actual contralor. Después creó una sociedad con el mismo Luis Alberto Rodríguez, y a través de ella firman al menos tres contratos más con el Estado. Incluso otorgaron un contrato por 500 millones a la tía de Urrutia.
