- La JEP reveló que entre los hallazgos en torno a los mal llamados falsos positivos de Antioquia se encontró con el caso del subintendente Jesús Javier Suárez Caro, asesinado por su propia tropa por no querer cooperar en los asesinatos de civiles.
- El ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, aclaró que no es verdad que haya anunciado un impuesto sobre los ingresos ocasionales. No dijo que no se vaya a modificar la tasa actual, sino que no se ha definido cómo se hará, pues rondaba en redes que había dicho que pasaría del 10 al 35%.
- El ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, concedió su primera entrevista desde el nombramiento. Vale la pena escucharla entera, pero destacamos tres puntos:
- La decisión de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa está tomada, y argumentó por qué.
- Aspira a un país sin servicio militar obligatorio, y a un mejoramiento de la imagen del Ejército tal que a futuro garantice que el pie de fuerza sea voluntario.
- Anunció un cambio de enfoque en el lenguaje de la Fuerza Pública (no más hablar de “héroes”, de “neutralizaciones”, etc.), y por la misma vía una revisión exhaustiva de las denuncias por violaciones de Derechos Humanos de los altos mandos para depurar de las fuerzas militares a quienes no sean ejemplares.
- Sanidad militar emitió un documento con señales de alerta por el polémico contrato de $2,4 billones que el gobierno Duque pretendía dejar firmado con tres empresas (entre ellas una de la familia Char) para el abastecimiento de medicamentos a la Fuerza Pública. Dicen que no se estipulan sanciones en caso de incumplimiento ni mecanismos de auditoría. Se aclaró también que el gobierno Petro podrá determinar la vigencia del contrato, y el ministerio de Defensa dijo que el acuerdo no está cerrado, y que podría volver a fase de licitación.
- La Dirección Antinarcóticos de la Policía hizo la mayor y más costosa compra de glifosato en la historia del país dos días después de la victoria electoral de Petro, quien ha dicho que su política antidrogas no incluirá erradicación con ese producto. Según la investigación que reveló la compra, se habrían gastado más de $12 mil millones de pesos en el químico que ni siquiera puede ser utilizado por el mecanismo aéreo, según orden de la Corte Constitucional, y que no es posible aprovechar del todo por la vía terrestre. El precio, además, es exagerado, y el contrato presenta irregularidades.
