Destacamos estas noticias de Colombia de ayer:
- La Fiscalía citó a declaratoria a Juan Fernando Petro, hermano del, presidente, y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, por las múltiples denuncias que han hecho abogados sobre pagos de hasta un millón de dólares para que narcotraficantes encarcelados se hagan nombrar gestores de paz y así evadir sentencias.
- Dos grandes noticias se desprendieron ayer del fallo de la CIDH, que declaró al Estado colombiano responsable del exterminio de la Unión Patriótica. La primera fue que “Timochenko” solicitó a la JEP, en nombre suyo y de los demás exguerrilleros de las FARC, que abra un macrocaso para estudiar aquellas situaciones en las que el Estado fue victimario de los miembros de sus filas que exploraron la posibilidad de la participación política pactada con el gobierno de Belisario Betancur. Según él, si el Estado hubiese respetado esa expresión democrática, el país pudo haberse ahorrado más de 25 años de guerra. La segunda es que el Congreso ya está acogiendo las recomendaciones de reparación de la CIDH, pues distintos senadores ya han anunciado iniciativas de ley en ese sentido.
- Fue dejado en libertad por vencimiento de términos el mayor de la policía acusado por el asesinato del menor Santiago Murillo en el paro nacional.
- Tras el nombramiento de la nueva directora de RTVC, Radiónica —emisora adscrita al Sistema de Medios Públicos—, publicó un comunicado en el que afirman que no será renovado el contrato de Álvaro “El Profe” González, teniendo en cuenta las copiosas denuncias en su contra por acoso sexual y abuso de poder.
- Alianza In, gremio de las plataformas de transporte particular como Uber, Didi e InDriver, denunció que, a pesar de las promesas de campaña, la Superintendencia de Industria y Comercio se estaría preparando para radicar un proyecto de ley que prohíba sus servicios.
- Hubo protestas en Soacha por parte de los conductores de servicios públicos como reacción a la decisión de la alcaldía de dicho municipio de congelar las tarifas.
- Petro anunció el inicio del programa Colombia Basura Cero en todos los municipios. Se trataría de un modelo similar al que implementó durante su gobierno en Bogotá —el mismo por el cual la Procuraduría lo destituyó en el fallo que la CIDH luego anuló —, que busca la priorización y remuneración de los recicladores tradicionales respecto a la recolección común de basuras.
