- Piedad Urdinola, economista uniandina con larga trayectoria académica, que incluye PhD en demografía otorgado por las Universidad de California en Berkeley, será la nueva directora del DANE, reemplazando al muy popular Juan Daniel Oviedo, que decidió no continuar para prepararse para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, a pesar de la petición de Petro de que continuara y en el contexto de denuncias de maltrato laboral e improvisación por parte de los funcionarios de la institución.
- La Corte Constitucional empezó a debatir una demanda de Germán Navas Talero en contra de la Ley de inversión social del gobierno Duque. Navas dice que hubo vicios de procedimiento a la hora de aprobar esa ley, ya que no hubo tiempo suficiente para conocerla y debatirla. Por su parte, la Procuraduría emitió un concepto que lo contradice y pide luz verde para continuar con la aplicación de esa ley, que fue el marco a través del cual se otorgaron 15 billones de pesos para enfrentar los impactos de la pandemia, dar gratuidad universitaria y viabilizar la devolución de IVA.
- Luis Gilberto Murillo se posesionó como embajador de Colombia en EE.UU. Tiene la tarea de transformar la agenda entre los dos países, en especial en torno al tema de la guerra contra las drogas para reemplazarla por un enfoque de sustitución voluntaria de cultivos, legalización y salud pública.
- El caso de Aída Victoria Merlano se complica. Después de haber sido condenada como cómplice en la fuga de su madre, un nuevo proceso inició en su contra: podría ser imputada próximamente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Al parecer ESAID S.A.S., de la cuál es representante legal, habría fungido como empresa de papel para lavar el dinero de su madre.
- La Corte Suprema de Justicia había absuelto a la esposa del exsenador Iván Moreno, Lucy Luna, señalada de ser cómplice del delito de concusión (abuso de poder de un servidor público). Sin embargo, se dieron cuenta de que esa absolución había sido por un error de conteo: la Corte asumió erróneamente que se habían vencido los términos. Ayer decidieron enmendarlo y reactivar la condena de 75 y 7 meses en prisión domiciliaria con suspensión de poder para acceder a cargos públicos por más de cinco años y multa de 58 salarios mínimos legales vigentes.
