- Verónica Alcocer, primera dama de la nación, asistió a la asamblea general de la ONU en Nueva York, el funeral de la Reina Isabel en Londres y el funeral del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio en calidad de “Embajadora en Misión Especial”, encargo que recibió por un decreto presidencial. Este hecho, revelado ayer, causó polémica porque Alcocer no es una funcionaria oficial y en estas misiones debieron ser atendidas por funcionarios de la cancillería.
- El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete y anunció que a final de mes definirá el nuevo equipo que lo acompañará en el último año de su gobierno. La movida no tiene motivaciones técnicas, sino que se trata de permitir que sus aliados más cercanos puedan hacer campaña en las elecciones locales de octubre del 2023. Sin embargo, todavía no es claro quién sería su ungido para buscar la alcaldía de Medellín.
- El Consejo de Estado falló en favor de una empresa de palma de aceite y determinó que la Policía Nacional deberá pagarle $450 millones por haber aspergido el cultivo con glifosato, hechos que ocurrieron en Tumaco, Nariño, en 2011. La Policía había alegado que en el cultivo había matas de coca, pero el fallo de segunda instancia le dio la razón a la empresa afectada.
- Un juez de Bogotá le ordenó a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales devolverle a Armando Benedetti, actual embajador ante Venezuela, un apartamento en el norte de la ciudad sobre el que estas instituciones habían impuesto las medidas de embargo y secuestro. No obstante, la Fiscalía continúa la investigación que adelanta contra Benedetti por enriquecimiento ilícito como resultado de un estudio patrimonial en el que encontró que había incrementos injustificados en 2009, 2014, 2016 y 2017.
- Los excomandantes de las Farc presentaron ante la JEP un documento con propuestas para reparar a las víctimas de secuestro. Entre estas se encuentran la elaboración de cartografías para encontrar a personas desaparecidas e identificar las zonas minadas, un libro y unos audiolibros para narrar el conflicto desde la perspectiva de las víctimas, talleres pedagógicos y cartas en las que piden perdón. La propuesta también incluyó la solicitud de que no se restrinja su participación en política. Algunas víctimas recibieron de forma positiva las propuestas, en particular los mapas porque su principal interés es encontrar los cuerpos de las víctimas que murieron en cautiverio.
- Veintitrés oficiales de la policía renunciaron voluntariamente a sus cargos aparentemente como protesta por la nueva directriz sobre el manejo de las manifestaciones. Los oficiales, entre quienes se encuentran coroneles, mayores, capitanes y tenientes, habrían señalado la falta de garantías institucionales como la razón de su salida.
