Un informe de un comisionado especial de Naciones Unidas señaló que era razonable concluir que el gobierno chino ha sometido a los uigures y otras minorías a trabajos forzados y otras formas de maltrato que violan los derechos humanos de estas poblaciones. Como es bien sabido, el gobierno chino despliega toda la fuerza de su estado vigilante y represor contra los miembros de la etnia uigur, quienes son mayoritariamente musulmanes. De los 18 millones de uigures que viven en la provincia de Sinkiang en China, se estima que casi dos millones estarían confinados en campos de concentración. El reporte del comisionado especial, Tomoya Okabota, señala que la naturaleza y el alcance de los poderes ejercidos sobre los trabajadores afectados durante el trabajo forzoso puede equivaler a la esclavitud moderna como crimen contra la humanidad, lo que merece un análisis independiente
El gobierno chino, por su parte, rechazó las acusaciones y señaló a Okabota de creer en las mentiras fabricadas por Estados Unidos y las fuerzas antichinas. El portavoz de la cancillería china, Wang Wenbin, reiteró la posición oficial respecto a sus acciones en Sinkiang: no tienen campos de concentración sino centros de formación profesional voluntarios cuyo objetivo es contrarrestar el extremismo.
