Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, disolvió el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la más importante de las dieciocho cámaras gremiales a las que se les canceló personería jurídica este lunes. La asociación, que llevaba 32 años de existencia, fue terminada con la aprobación de la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel, y sería un duro golpe al sector empresarial por parte del régimen.
La decisión se tomó de forma unilateral y se notificó por medio de la publicación de las resoluciones ministeriales en el diario oficial. Coronel aseguró que esta medida fue tomada porque las asociaciones no promovían políticas de transparencia en la administración, ya que habrían tenido inconsistencias en la información de sus registros. Sin embargo, no es del todo sorpresiva dado que las relaciones con el oficialismo venían en picada desde que, en 2018, los principales líderes del sector privado se mostraron en contra de las violaciones a los derechos humanos en el país.
Dos de los expresidentes de COSEP, Michael Healy y José Adán Aguerri, habían sido arrestados en 2021, e hicieron parte de los presos políticos que fueron excarcelados, expatriados y despojados de la nacionalidad en febrero de este año.
Por su parte, varios países de la región rechazaron las acciones, entre ellos la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, quienes aseguraron que esta decisión pone en peligro “la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el país”.
