La Ley de Orden Público, que es el marco legal central para la propuesta de “paz total” del Gobierno Petro, quedó aprobada y recibió sanción presidencial. El 26 de octubre les contamos acerca de su paso a la fase de conciliación. Ayer, después de que la reforma tributaria alcanzara esa misma fase conciliatoria, la iniciativa clave de la “paz total” recibió el sí definitivo del Congreso a través de una votación positiva de 62 senadores y 128 representantes a la Cámara y votos negativos de cuatro senadores y siete representantes. Lo más probable es que hoy mismo reciba sanción presidencial por parte de Petro.
¿Cómo quedó el texto?
Por medio de los 19 artículos que modifican la Ley 418 de 1997, el presidente se convertirá, más que nunca antes, el eje central de los esfuerzos estatales para aproximarse a la consecución de la paz. Pero ojo con las noticias falsas: es verdad que inicialmente se plantearon ideas polémicas, como la de otorgarle al mandatario la capacidad de indultar a personas capturadas por delitos cometidos en manifestaciones o la de autorizarlo a definir las condiciones de sometimiento de un grupo u otro, pero esos artículos se cayeron en el camino.
Lo que sí quedó es una serie de mecanismos que giran en torno al principio rector de la Seguridad Humana: una lógica garantista de derechos y oportunidades básicas para todos los implicados en el conflicto, incluyendo (atención) a excombatientes, a quienes volvieron a delinquir después de participar de un acuerdo de paz, e incluso al medio ambiente. Ese es el punto de partida, pero el centro de todo es que ahora el gobierno podrá plantearle vías de sometimiento a todos los grupos al margen de la ley después de un proceso de análisis de cada caso particular para determinar, por ejemplo, si son elegibles para negociación de paz (por tener estatus de beligerancia, es decir trasfondo político) o solo para sometimiento.
Otro de los elementos novedosos de la ley será la creación de un servicio social como alternativa al servicio militar, así como de un programa de desminado humanitario.
¿Cómo sería la dejación de armas para particulares?
Más allá de la decisión sobre lo que haya que hacer con cada grupo como conjunto, la Ley de Orden Público garantizará anonimato, ausencia de responsabilidad penal por crímenes cometidos y recepción de incentivos económicos para aquellos particulares que quieran dejar las armas.
