La relación entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega llegó a un punto crítico el pasado viernes, cuando la Policía Nacional de Nicaragua arrestó al Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y resoluto opositor de Ortega. En declaraciones anteriores, la Policía había afirmado que Álvarez había intentado, presuntamente: “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”. La comunidad católica ve los hechos como una clara persecución sin fundamentos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión, días antes del arresto de Álvarez, para discutir acerca del asedio del gobierno de Ortega a la Iglesia católica del país, reunión a la cual Colombia no asistió. A su arresto se le suma la detención de otros tres sacerdotes y 190 agresiones contra la Iglesia. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, afirmó que el primer hecho de persecución registrado fue la expulsión del Monseñor Waldemar Stanislaw Sommetarg, representante de El Vaticano en Nicaragua, en marzo del 2021. Hasta el momento el Papa no se ha pronunciado al respecto.
