La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia en todo el país en su intento por controlar las protestas populares que no ceden. Mientras tanto, Castillo sigue preso.
Las protestas han continuado y los enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas se han intensificado. Ya se confirmó la muerte de la octava persona en el marco de la agitación social, cinco de ellas son adolescentes. La gente insiste en su pedido de que se “vayan todos” y clama por que se disuelva el congreso, realicen elecciones generales y una nueva asamblea constituyente.
En vista de la intensificación de las protestas, el gobierno actual extendió el estado de emergencia a todo el país —el lunes pasado lo había hecho, pero solo para tres departamentos. Esto implica que los militares quedan a cargo de la seguridad pública y se restringen los derechos de reunión y de libre tránsito.
Así mismo, Boluarte propuso al congreso discutir la posibilidad de adelantar las elecciones para diciembre de 2023, en vez de abril de 2024, como también había sugerido. El congreso se reunirá hoy para estudiar la propuesta.
Los siete días de detención preventiva de Castillo expiraban ayer, pero el juez supremo a cargo de su caso pospuso para hoy una audiencia para determinar el estatus jurídico del expresiente golpista. Castillo es acusado de rebelión, delito que podría darle 50 años de prisión. Adicionalmente, la Fiscalía peruana también investiga a Castillo por más de 50 delitos de corrupción, procesos que fueron abiertos mientras era presidente.
Ignorando el hecho de que intentó dar un golpe de estado, Castillo sigue avivando a los manifestantes, cuestionando su detención y afirmado que sigue siendo el presidente legítimo.
Este último punto parece haber encontrado apoyo por parte de varios presidentes de la región como López Obrador de México, Fernández de Argentina, Arce de Bolivia y Petro de Colombia, quienes el martes enviaron una carta respaldando a Castillo. Sin embargo, ayer Petro fue incluso más lejos al cuestionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano” escribió en su cuenta de Twitter. Para Petro también parece ser más importante que Castillo haya sido elegido popularmente a que hubiera roto el orden constitucional de su país.
