Aparentemente, Petro estaba con la mecha cortica cuando leyó un artículo publicado en La República en el que explicaban la forma como Ecopetrol, en su última asamblea ordinaria en marzo pasado, se habría blindado frente a un eventual gobierno del candidato de izquierda. Los accionistas cambiaron el período de los miembros de la junta de dos a cuatro años, como un esfuerzo para alejar a la empresa de la injerencia del gobierno. Así que, cargado de tigre, abrió Twitter y amenazó con que no lo retaran. La jugada de la asamblea denota cierta mala fe por la intención de limitar a un gobierno entrante.
Petro hizo campaña prometiendo una transición hacia energías limpias. Del polémico trino se deduce que él, en virtud de la legitimidad del voto popular, puede y está dispuesto a modificar la composición de la junta de una empresa pública; algo en lo que tiene razón. Por estatutos, el nuevo gobierno puede citar a una asamblea extraordinaria para cambiar a la junta y su período. El Estado es el principal accionista de Ecopetrol, con una participación de 88,49%. Ahora, el gobierno no es libre de nombrar a quien le plazca. El ministro de Hacienda debe enviar una plancha con los nueve nombres a la Secretaría General de Ecopetrol para que verifique que cumplen los requisitos. Además la lista de nombres debe incluir las recomendaciones de los fondos de pensiones y la Federación de Gobernadores para proponer los nombres de los accionistas minoritarios y los productores de hidrocarburos. Minhacienda nomina las siete personas restantes, de las cuales seis son independientes y una es la representante del gobierno.
