Boris Johnson ha desatado una controversia la configuración de dos políticas muy cuestionables: la modificación unilateral del protocolo de Irlanda del Norte, que hace parte de la negociación del Brexit con la Unión Europea y la deportación a Ruanda de migrantes ilegales desde el Reino Unido.
El protocolo de Irlanda del Norte
Uno de los temas más difíciles de la negociación del Brexit en 2020 fue el tema de Irlanda del Norte. Se acordó un protocolo que evitaba una frontera física entre la República de Irlanda y la provincia británica con el fin de mantener los Acuerdos del Viernes Santo, los cuales pusieron fin a treinta años de guerra. En el protocolo se establecen controles aduaneros para los bienes que van de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. La nueva ley de los Tories contiene dos provisiones problemáticas:
- Se eliminan la mayoría de controles aduaneros y se crea un “carril verde” con menos requisitos y un “carril rojo” con más trámites.
- Las disputas comerciales se resolverán por “arbitración independiente” y no ante la Corte Europea de Justicia.
Esta decisión de Johnson podría tener al menos tres consecuencias negativas:
- Afecta la credibilidad del Reino Unido por modificar unilateralmente un tratado internacional.
- Debilita la Unión Europea justo en la coyuntura de la guerra de Ucrania.
- Arriesga la retaliación de la UE por medio barreras comerciales que podrían encarecer los productos europeos en el Reino Unido justo en medio de una presión inflacionaria.
Vengan acá y los deportamos a Ruanda
El gobierno de Johnson pactó un acuerdo con Kigali por £120 millones ($155 millones de dólares) para que el país centroafricano reasiente a los migrantes ilegales que lleguen al Reino Unido. Ayer debía partir el primer avión con refugiados, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino y detuvo la deportación. La política ha sido blanco de protestas y críticas por parte de organismos defensores de derechos humanos y oenegés.
Bottomline: Las dos decisiones se producen una semana después de que Johnson sobreviviera un voto de confianza y serían una estrategia del primer ministro británico para distraer a la opinión pública del escándalo del partygate. Alternativamente, Johnson estaría anticipándose una crisis que termine tumbándolo para empujar su agenda más conservadora en el tiempo que le queda.
